Por Gabriel Mariotto.
“La Ley de Servicios de
Comunicación Audiovisual es constitucional. Lo sabemos desde aquella
imborrable vigilia en el Senado de la Nación, cuando en la madrugada del
10 de octubre de 2009, por amplia mayoría, se dio luz a la norma que
tanto esperó la democracia para redistribuir el derecho a la palabra.
Hubo que esperar mucho tiempo, hubo que trabajar muy duro. Antes de
su presentación como proyecto de ley enviado por el Ejecutivo al
Congreso Nacional, en foros de participación ciudadana, en lectura de
legislación comparada, en la búsqueda del mejor articulado, en la
recepción de aportes de los más diversos sectores de la sociedad. Luego
se aportó en la Cámara de Diputados que celebró audiencias públicas y
que incorporó mejoras a una ley de plena construcción colectiva.
Una vez sancionada por amplia mayoría en ambas Cámaras hubo que
seguir trabajando. Para superar una a una las cautelares interpuestas,
para llevar a la Justicia de primera y segunda instancia y hasta la
propia Corte de Justicia de la Nación las razones que legitimaban y
sustentaban su constitucionalidad. Podemos decir que hemos perdido
tiempo, pero hemos ganado autoridad y reconocimiento ante toda la
sociedad. La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual es una ley de
interés para toda la ciudadanía porque instaura un nuevo paradigma que
bien lo saben quienes trabajan en el campo de la comunicación: a través
de los medios de comunicación audiovisual se concreta el derecho humano a
la comunicación no sólo en su dimensión individual sino con más
fortaleza, en la dimensión colectiva, tal como lo ha señalado la Corte
en su reciente fallo. En este sentido, el máximo tribunal rescata que en
lo que atañe a la faz colectiva del derecho a la libertad de expresión,
se intensifica la necesidad de intervención y regulación por parte del
Estado.
La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual no es un tema
atractivo de por sí. Es un tema árido, de poco "gancho" dirían los
marketineros de la política y la comunicación. Comparada con medidas
como la Asignación Universal o el Plan Procrear, dos medidas que la
gente sintió en su cabeza, en su corazón y en su bolsillo de manera
contundente e inmediata, esta ley, siendo de importancia vital para la
sociedad toda, despertaba interés sólo en los profesionales de la
comunicación, el mundo político, el empresarial, el académico, el de las
organizaciones sin fines de lucro, el sindical, el cooperativismo, en
definitiva, en los sectores que por lidiar con los medios día a día
conocían las perversiones que con la ley anterior y sus modificaciones
había que padecer por parte de los otros grandes interesados, los dueños
de los medios concentrados.
El largo tiempo transcurrido desde su promulgación hasta el día de
hoy en que podemos festejar su constitucionalidad ha servido para que la
difusión de la ley y el reconocimiento de los actores que la defendían y
de los que la atacaban, le diera a la sociedad toda nuevos datos acerca
de la importancia que revestía la ley, los intereses que defendía y los
privilegios que atacaba. Diría el viejo Nietzsche "todo lo que no te
mata te fortalece" y eso fue lo que precisamente ocurrió con esta Ley de
Servicios de Comunicación Audiovisual.
La instalación a través de litros y litros de tinta y horas y horas
de aire radial y televisivo por parte de los medios concentrados en la
"batalla por la libertad de expresión" dio como resultado que la
sociedad empezara a mirar cada vez con mayor atención el contenido y los
alcances de la Ley. Mucho le debemos agradecer a esos medios
concentrados y a sus estrategas de la comunicación los niveles de
encendido que alcanzó la Audiencia Pública convocada por la Corte
Suprema de la Nación, y que fue en definitiva el golpe de gracia que
recibieron aquellos que pretendían que sus privilegios y sus negocios
resultaran más importantes que los intereses de la sociedad toda. La
Audiencia Pública constituyó un rico debate en el cual la sociedad
volvió a participar recibiendo datos nuevos, viviendo en tiempo real los
argumentos de una y otra parte.
No puedo dejar pasar la oportunidad de recordar como una joven y
brillante profesional en representación del Estado se enfrentó a todo un
equipo de abogados, sin más armas que el profundo conocimiento de la
ley y el sentido común. Como si fuera una de esas brillantes jugadas a
las que nos acostumbraron Maradona, Messi o Garrafa Sánchez (salud
Banfield querido) una y otra vez me gusta repasar en mi televisor la
exposición de Graciana Peñafort ante la Corte Suprema. Esa argumentación
sirvió para dejar en claro que la ley no apuntaba a nadie en particular
sino que atendía los intereses del conjunto al permitir y alentar la
diversidad de voces y la pluralidad que toda sociedad moderna y
democrática necesita. Hoy tenemos una Ley Constitucional y profundamente
conocida por el Pueblo Argentino. Hoy podemos decir que somos un poco
más iguales ante la ley, y como muchas veces ha señalado nuestra
Presidenta, a partir de hoy vivimos en un país en que algunos que hasta
ayer no lo tenían, disfrutan de un derecho, sin que nadie haya perdido
nada que le corresponda.
Es un día de emoción y de alegría. Es un día para recordar a tantos
que pelearon valientemente contra la concentración informativa y elijo a
dos que representan a tantos. Uno es el diputado radical Ricardo
Laferriere que pagó con su desaparición de los medios la patriótica
decisión de presentar en tiempos del presidente Alfonsín un proyecto de
ley sobre derecho a réplica. El otro, un docente de mi querida Facultad
de Ciencias Sociales de Lomas de Zamora, Néstor Tato Contissa,
que anticipó en sus libros la necesidad de esta ley y hasta el último de
sus días la defendió con la pasión peronista que lo caracterizaba.
Tenemos Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, se demoró, pero
hace ya mucho que aprendimos que si a uno lo asiste la razón la única
opción posible es el tiempo".
