El caso de las hermanas de Florencio Varela, un imputado en las filas de Germain y un intendente que mira para otro lado. Dos menores llegaron a la ciudad balnearia con promesas de trabajo, pero terminaron en una red de trata que las obligaba a prostituirse. Lograron escapar gracias a otro menor, el hijo del presunto proxeneta, un hombre ligado al presidente del Concejo Deliberante local. El jefe comunal interino, Hernán Muriale, insiste en negar este tipo de hechos.
Por Mariana Dufour | La noche del jueves 7, dos
hermanas de 15 y 16 años se presentaron en la Comisaria de Pinamar
denunciando que habían sido traídas al balneario para trabajar en la
playa como vendedoras ambulantes pero que, a los pocos días, fueron
obligadas a prostituirse. Las niñas responsabilizaron por esta grave
situación a Alejandro Aguirre, hombre del entorno político del
presidente del Concejo Deliberante, Alberto Germain, quien pretende ser
Juez de Faltas de Pinamar a partir de marzo.
Explicaron a la autoridad policial que habían sido traídas a Pinamar
bajo una promesa engañosa: trabajar en la playa o cuidando chicos. En
realidad, las adolescentes eran llevadas a casas de “clientes” que
solicitaban sus servicios.
Las hermanas, cuyas declaraciones son “muy precisas”, vivían con su
abuela en Florencio Varela. Un vecino les ofreció trabajo en Pinamar y
al contar con la aprobación de su tutora, un hombre las trasladó hasta
el balneario, donde fueron entregadas al hoy imputado Aguirre, quien las
llevó a su vivienda, un caserón ubicado en una zona muy cotizada de
Pinamar.
De allí, fueron trasladadas a otra casa frente a la terminal de
Pinamar, de donde lograron escapar gracias a la ayuda del hijo de
Aguirre, un adolescente de 16 años que había arribado a Pinamar hacia
pocos días.
Según declaró el menor ante el fiscal, luego de tres años de
ausencia, el padre lo había tentado a trabajar con él: le dijo que,
gracias a sus contactos con Germain, tendría acceso a un puesto
municipal.
Aguirre, alias “El Japo”, posee una licencia de taxis. Tras la
pantalla de ese oficio, el imputado llevaba a las niñas hasta el
domicilio donde esperaba el cliente. Allí, era el hijo adolescente quien
debía presentar a las jóvenes y retirarse con un sobre conteniendo el
pago acordado. El padre lo tomaba sin darle nunca dinero, ni a él ni a
las jóvenes. Luego, el recorrido se repetía para buscarlas. Otra vez,
era el menor quien debía dar la cara ante los clientes. Nunca Aguirre.
Como hijo del victimario, el adolescente tenía la responsabilidad de
"cuidar” a las jóvenes. Pero el reclamo de ayuda de éstas y su propio
espanto ante lo que su padre lo obligaba a hacer, decidió huir. Los tres
se presentaron en la Comisaria a las 23:00 del jueves 7.
El chico declaró que su padre ya lo había amenazado de muerte: “No me
vas a cagar el negocio”, le decía mientras le apuntaba con una 9 mm que
guarda bajo el asiento de su auto.
Relatos convincentes
Al día siguiente, el fiscal Juan Pablo Calderón les tomó testimonio.
Mientras las jóvenes denunciaban los hechos, una de ellas recibió
llamados amenazantes a su celular desde Buenos Aires. Horas después,
Calderón decidió pasar la causa al Juzgado Federal, a cargo del Dr.
Alejo Ramos Padilla.
El hijo del imputado quedó al resguardo del Servicio Local de
Promoción y Protección de los Derechos del Niño y se dio intervención al
Juzgado de Paz “porque hay violencia familiar” pero, por decisión del
fiscal, no forma parte de la causa por trata de personas a pesar de ser
otra víctima de esta situación.
Tal como lo señala la Ley, el hijo tiene prohibido declarar en contra
del padre. “Pero, a su vez, él está siendo víctima de un delito por
parte del padre”, explicó el fiscal.
“Como fiscal, valoré que estaba siendo víctima de una situación de
vulnerabilidad y por eso le recibí el testimonio. Otros pueden tener
otros criterios. El padre lo engañó y el menor es víctima de amenazas”,
precisó.
Sin embargo, ante la grave amenaza denunciada por el menor, la única
protección con la que contó fue la determinación de un perímetro de
exclusión, es decir, el padre no puede acercarse a su hijo a menos de
200 metros, determinada por el Juzgado de Paz. El lunes 11, el joven fue
trasladado a su casa en un móvil municipal.
En cambio, las adolescentes no pueden volver a su hogar porque de ahí
fueron captadas. “Son menores en riesgo”, dijo Calderón y explicó que
deberá intervenir la Justicia Civil para evaluar si van a un internado,
ya que los padres fallecieron. Además, se convocó al Centro de Atención a
la Victima de Trata de Personas del Ministerio de Justicia de la
Provincia.
Finalmente, el fiscal explicó que la nueva ley de trata tiene
importante modificaciones: “Hoy está penado la explotación de la
prostitución aún con el consentimiento de la víctima”. Esta situación
se agrava al tratarse de menores, cuyos relatos al fiscal fueron “muy
convincentes y va a permitir investigar”.
“Nosotros prevenimos robos”
AgePeBA consultó a las autoridades policiales sobre el rol de la
institución ante delitos de trata de personas. Los mandos explicaron que
no trabajan las causas y que las adolescentes fueron derivadas
directamente a la Fiscalía: “Nosotros no trabajamos en las causas.
Nosotros somos policías de prevención. Las causas importantes las maneja
la Brigada de Investigaciones con la auditoria del fiscal”, dijeron.
Consultados sobre si no manejaban información sobre lo que estaba
sucediendo en Pinamar, dijeron que, de haberlo sabido, hubieran
actuado.
Entonces se les preguntó sobre la estrategia preventiva de la
institución para evitar que estos hechos se produzcan y respondieron que
ésta consiste “en recibir la información” y derivarla a la Fiscalía.
La policía da cuenta de estos hechos “cuando la gente se compromete y
denuncia. Nosotros hacemos prevención pero por hechos puntuales que son
los asaltos a familias y tratar de reducir al mínimo la modalidad de
escruche”. Pero en cuanto a la trata, dijeron que se trata de delitos
“muy complejos y no son de fácil detección porque esto se maneja en la
oscuridad”.
“El negocio más grande del mundo”
Meses atrás, el Fiscal General ante la Cámara Federal de Apelaciones
de Mar del Plata, Daniel Adler, dijo durante un encuentro realizado en
Villa Gesell que la trata de personas es “el negocio más grande del
mundo” y se refirió a la necesaria complicidad de las autoridades para
garantizar su ejercicio impune: “Existe connivencia de autoridades
policiales con autoridades municipales. Es muy difícil que un prostíbulo
pueda funcionar sin la complicidad de la Policía. También son cómplices
ciertos políticos, jueces y funcionarios”.
Es sabido que comisarias como las de Pinamar son muy codiciadas entre
las jerarquías policiales. No cualquiera accede a ellas, se “alquilan”.
Y ese oneroso “alquiler” que hay que pagar, se cobra disponiendo
agentes allí donde el particular ofrece una buena paga y haciendo la
vista gorda a determinados delitos. Todo lo que se recauda, va para las
jerarquías.
Recordemos que, en 2010, el entonces fiscal Cristian Centurión,
titular de la Unidad Fiscal Nº 1 de Pinamar, cerró los cabarets que
funcionaban en General Madariaga. Ante esto, la explotación sexual de
las mujeres fue trasladada a casas particulares ubicadas en Pinamar y
Villa Gesell. Una actividad que, como ya lo señaló Adler, debe contar
con el necesario resguardo de la policía y ciertos políticos para
funcionar.
Es importante remarcar que lo que salvó a estas dos adolescentes del
infierno fue su propia valentía y la del hijo del victimario. No la
policía. No los funcionarios municipales responsables de la seguridad de
los ciudadanos. Nadie los protegió. Nadie los salvó. Lo hicieron ellos
mismos.
Mientras tanto, el intendente interino Hernán Muriale mira para otro
lado. “Pensar que hay trata de personas en Pinamar creo que ya es el
colmo. No creo que nadie lo tome en serio”, dijo en las últimas horas
ante un medio radial.
