La Justicia platense hizo lugar a una medida cautelar presentada por varios gremios y ordenó al Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires ”abonar el sueldo anual complementario a la totalidad de los trabajadores dependientes del Estado Provincial, asegurando su percepción de acuerdo a la legislación vigente, dentro del plazo de cinco días de notificada la presente”.
Fundamentó la resolución en que “la Administración del Poder Ejecutivo se debe desarrollar de acuerdo a las prescripciones de la Ley de Presupuesto correspondiente al presente ejercicio”.
“No se advierte la existencia de factores extraordinarios que afecten la recaudación ni los gastos susceptibles de alterar la previsión que el mismo Poder Ejecutivo ha tenido en cuenta al momento de presentar la estimación de recursos y gastos ante la legislatura local”, concluyó.
La decisión la adoptó el juez en lo Contencioso Administrativo Luis Federico Arias, ante una medida cautelar presentada por empleados de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y los médicos de la CICOP, entre otros gremios.
Por estas horas se espera si el Ejecutivo Provincial apelará la medida a través de la Fiscalía de Estado, lo que es improbable, dado que la medida no tiene sustento legal y los plazos no son suficientes para dar ese marco a través de la Legislatura con una declaración de emergencia económica o financiera.
Fundamentó la resolución en que “la Administración del Poder Ejecutivo se debe desarrollar de acuerdo a las prescripciones de la Ley de Presupuesto correspondiente al presente ejercicio”.
“No se advierte la existencia de factores extraordinarios que afecten la recaudación ni los gastos susceptibles de alterar la previsión que el mismo Poder Ejecutivo ha tenido en cuenta al momento de presentar la estimación de recursos y gastos ante la legislatura local”, concluyó.
La decisión la adoptó el juez en lo Contencioso Administrativo Luis Federico Arias, ante una medida cautelar presentada por empleados de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y los médicos de la CICOP, entre otros gremios.
Por estas horas se espera si el Ejecutivo Provincial apelará la medida a través de la Fiscalía de Estado, lo que es improbable, dado que la medida no tiene sustento legal y los plazos no son suficientes para dar ese marco a través de la Legislatura con una declaración de emergencia económica o financiera.
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