Cárceles Bonaerenses Controladas.

 

Según informó la agencia AgePeBA, la Provincia de Buenos Aires tendrá un organismo de prevención contra la tortura.
La decisión se tomaría a raíz de las denuncias que periódicamente se realizan, principalmente desde la Comisión Provincial de la Memoria, sobre las condiciones en las que permanecen las personas privadas de la libertad en las cárceles bonaerenses.
Senadores del oficialismo y la oposición decidieron avanzar con la iniciativa tras la visita del experto de la ONU, Emilio Ginés, quien ayer se reunió con el vicegobernador Gabriel Mariotto y varios legisladores, entre ellos Santiago Carreras y Carlos Fernández.
“La decisión es crear en la Provincia un órgano de prevención de la tortura, en la línea del que se dispondría por estas horas a nivel nacional, tras un profundo debate del que participen todos los espacios que tengan algo para decir en esta materia”, precisó el titular de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Alta, Santiago Carreras.
En la misma línea se manifestó el radical Carlos Fernández al asegurar que “asumimos el compromiso de impulsar una legislación que cree un organismo provincial de prevención contra la tortura y tratos crueles contra personas privadas de su libertad”.
“El objetivo es que se constituya independientemente del Ejecutivo provincial, y que tenga facultades de contralor en todos los establecimientos”, agregó el legislador.
Senadores del Frente para la Victoria y la Unión Cívica Radical recibieron ayer al jurista español Emilio Ginés, miembro del Subcomité contra la Tortura de la Organización de Naciones Unidas, que promueve la instauración en todos los países de ese tipo de mecanismos.
Ginés también mantuvo un encuentro con el vicegobernador y titular del Senado bonaerense, Gabriel Mariotto, quien lo puso al tanto sobre el trabajo que se está llevando a cabo en la Provincia en materia de prevención en las unidades carcelarias.
La presencia del experto es la antesala de la primera visita formal que integrantes del Subcomité realizarán a mediados de abril para efectuar un informe oficial de la ONU sobre la situación de las personas privadas de la libertad.