La renta agraria, que surge como resultado de la expansión del sector agropecuario, es eje de constante disputa, que hoy se expone con mayor visibilidad por efecto de de ese gran crecimiento, e involucra a diferentes actores que participan del agronegocio, donde no todos pueden apropiarse de ella en iguales proporciones, por lo que la distribución de la renta agraria es eje de debate económico y político fundamental.
¿Qué es la renta agraria? Se trata de la diferencia entre el precio de producción, que incluye el costo, y la ganancia media del capital, posibilitada por la existencia de distintas condiciones naturales. La Argentina es un país de enormes proporciones, con una extensión territorial considerable – la octava mayor del mundo- y diversidad de climas, lo que dota a su tierra de gran fertilidad.
La Argentina es un país de enormes proporciones, con una extensión territorial considerable – la octava mayor del mundo- y diversidad de climas, lo que dota a su tierra de gran fertilidad. Debido a la mayor productividad del trabajo aplicado sobre el campo más fértil, la renta agraria se origina por aplicar, precisamente, la misma dotación de factores. Por lo tanto, no se produce en la apropiación por el empresario del plusvalor generado por el trabajador asalariado. Se trata de una ganancia de la que se apropian los rentistas (dueños de los campos, pero también el resto de los eslabones que distribuyen y comercializan la producción), originada en las ventajas naturales que le dan a la tierra argentina una capacidad de rendimiento superior a la de cualquier otro país, como consecuencia de la fertilidad del suelo y un clima propicio para la producción. Más aún, asociada a dicha fertilidad, casi única en el mundo, Argentina cuenta con la denominada “renta agraria diferencial”, que es la parte de la plusvalía, generada por la clase obrera rural, que corresponde al dueño de la tierra, en tanto éste es propietario de un bien no reproducible.
Pedro Peretti, director de Federación Agraria, sostiene que “la verdadera renta agraria hoy se determina por el valor de la tierra. En ese sentido, quienes poseen grandes extensiones usufructúan miles y miles de hectáreas que les permiten apropiarse de su mayor parte, dejando en inferioridad de condiciones a los pequeños productores o aquéllos que se dedican a la agricultura familiar”. De manera que todos los propietarios de tierra de fertilidad superior a las tierras cultivadas de productividad más baja, reciben esa renta diferencial en diferentes proporciones, determinadas por las productividades respectivas.
Esto significa para la producción agropecuaria una ganancia extraordinaria basada en una ventaja natural, a diferencia de la industria que sólo la puede obtener a través de innovación tecnológica. Es decir, se trata de un recurso adicional que tiene el agro por contar con ventajas naturales no reproducibles ni “producidas”, generador de ganancias permanentes.
Quiénes disputan la renta. Tal como se mencionó al principio, la cadena comercial de cada cultivo involucra a diferentes agentes económicos. Desde que se siembra hasta que se exporta o vende localmente, quienes intervienen en la generación de la renta buscan captar la mayor parte posible de ella. Cada uno opera en la fase de la cadena que lo involucra. Así, del dueño de la tierra se pasa al comercializador, que siembra y cosecha (siempre y cuando el propietario no disponga de la maquinaria necesaria para realizarlo). También intervienen los fletes “cortos” (de la chacra al pueblo) y los acopiadores, que pueden ser cooperativas o privados, encargados de almacenar y acondicionar el grano. Allí participan, a su vez, los corredores de bolsa, que venden la producción a los exportadores en el caso que el cultivo sea destinado al exterior. Los fletes “largos” conducen luego la producción a los puertos, y la cadena comercial concluye con la venta externa. Aquí interviene el Estado aplicando las retenciones que se descuentan al exportador pero que éste descuenta del precio que paga por el producto, con lo cual el peso final de la carga impositiva termina recayendo sobre el productor/vendedor.
Los grandes grupos económicos del agronegocio ejercen lo que se denomina “integración vertical de la producción”, es decir, empresas que concentran casi toda la cadena comercial.
Esto es: comercializan, almacenan, transportan y exportan la producción, pues algunas de ellas hasta son dueñas de los ferrocarriles que conducen la carga y están en sociedad con los puertos que las venden.
En el negocio agrario argentino hay apenas 7 empresas que manipulan el comercio de granos: Cargill, Bunge, Dreyfus, Nidera, Noble Argentina, ADM Argentina- todas extranjeras- y Aceitera General Deheza, que concentra el comercio de aceites y se beneficia del menor porcentaje de retenciones. Muchas de ellas son proveedoras de insumos y constituyen oligopolios apropiándose de la mayor parte de la renta agraria diferencial, no sólo como intermediario entre país productor y consumidores sino, tal como dijimos anteriormente, haciendo recaer el peso de las retenciones sobre los productores más pequeños. Las cinco grandes compañías exportadoras manejan el 90% de las ventas, con beneficios corrientes que superan ampliamente los u$s 1500 millones.
Esto se ve agravado por el fenomenal proceso de concentración de tierras que encuentra a un puñado de familias como propietarias de grandes extensiones de tierra fértil, apropiándose de un gran porcentaje de lo consechado.
Cómo se calcula la renta. El cálculo de la renta agraria se realiza en base a costos directos e indirectos. Entre los primeros deben contabilizarse los gastos en insumos (semillas, agroquímicos, fertilizantes, labranza, fumigaciones y cosecha, etc.), y entre los segundos aparecen el transporte, el acondicionamiento del grano y su comercialización. También deben considerarse cuestiones de política económica, como el tipo de cambio y las retenciones.
Hay dos precios para los productos. Uno es el valor Free On Board (FOB), que es el de exportación del producto sin incluir el flete naviero o los seguros que pagan después. Otro es el valor Free Along Shipping (FAS), que incluye el traslado al puerto pero sin considerar los costos que implica exportarlo. La cotización internacional de los cultivos se mide en precios FOB, y las retenciones se aplican sobre estos valores. Pero una práctica habitual de las grandes cerealeras es descontar al productor/vendedor la alícuota correspondiente de retenciones aplicada sobre el precio FOB, cuando el Código Aduanero indica que debe aplicarse sobre el precio neto que recibe el productor. Se calcula que esto reporta una ganancia extra de u$s 1000 a u$s 1500 millones para las grandes cerealeras, que ya fue denunciado pero que en los hechos continúa vigente, como consecuencia de tomar como base imponible para la liquidación de la producción y la rendición de los derechos de exportación un valor inferior al FOB de exportación. Esta práctica, no solo característica en el negocio granario, esconde una forma de apropiación de la renta agraria por parte de las grandes empresas en desmedro del productor, al trasladársele como un descuento en el precio que se le paga por su producción.
Conclusiones. Actualmente el sector agropecuario es fundamental como proveedor de divisas para el país. Así lo entiende el Gobierno, dispuesto a continuar mejorando los estándares de productividad del agro con políticas pensadas a largo plazo. El anuncio del Plan Estratégico Agroindustrial y Agroalimentario 2020 en septiembre último es fiel reflejo de ese propósito, en el intento por fijar metas de producción que optimicen cultivos como el maíz, el trigo, la soja y el sorgo. En ese contexto, la discusión por cómo se distribuye la renta agraria continuará siendo clave. El precio que los exportadores les pagan a los productores es un gran nudo de conflicto actual. Aunque el Ministerio de Agricultura fija diariamente una especie de precio testigo o sostén, que es conocido como FAS teórico (en proporción al precio internacional), lo que abonan los molineros o los exportadores suele estar por debajo de aquel valor de referencia. Esto obedece esencialmente al monopolio que ejerce el exportador, la concentración de la producción como consecuencia de su integración vertical y la escasa capacidad de control del Estado con los instrumentos vigentes.
Agricultores Federados Argentinos (AFA) impulsa un cambio en el sistema de comercialización que el Gobierno sigue atentamente, y que podría resolver gran parte de estos problemas a favor del productor. En lugar de cupos, como sucede hoy con el trigo y el maíz, establece un régimen de certificados de venta, uno para mercado interno y otro de libre disponibilidad. El precio sería defendido por un fideicomiso financiero de control público, que también actuaría comprando y vendiendo como un operador más, reemplazando al valor “oficial” y fijando así un precio testigo. En los casos de cultivos no tan rentables como la soja, en lugar de subsidios se vendería a un precio diferenciado para reemplazar al cuestionado sistema de compensaciones actual.(Fuente: Tiempo Argentino)
La nota, muy clarificadora de aspectos no tan conocidos por todos nosotros, hace muchas más consideraciones sobre la actualidad comercial de los productos agrarios. Hemos tratado de trasladarles los datos más sobresalientes y formar así una base de conocimientos al respecto, que nos posibiliten entender el debate.
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